Amenaza a quien denuncia

La Defensoría del Pueblo envió una comisión de funcionarios a las instalaciones del embalse Pao-Cachinche con el fin de verificar las condiciones de su funcionamiento, así como de la planta de potabilización Alejo Zuloaga.

Estas acciones fueron tomadas luego que un grupo de personas realizaran denuncias sobre una “presunta” contaminación del agua potable en el estado Carabobo

Según la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, “luego de inspeccionarse el mencionado embalse se constató el adecuado funcionamiento del mismo, así como de la planta de potabilización, por lo que considera que tales denuncias responde a intereses meramente políticos, en vista de que se avecinan las elecciones del 26 de septiembre y por tanto carecen de un verdadero fundamento”.

Ramírez indicó que estas denuncias pueden ser objeto de sanción por los organismos competentes de acuerdo al artículo 297-A del Código Penal, el cual establece que “Todo individuo que por medio de informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, radial, televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos panfletarios, cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra, será castigado con prisión de dos a cinco años. Si los hechos descritos en el aparte anterior fueren cometidos por un funcionario público, valiéndose del anonimato o usando para tal fin el nombre ajeno, la pena se incrementará en una tercera parte”.

Asimismo, el viceministro de Aguas del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y presidente de Hidroven, Cristóbal Ortiz, aseveró que “el agua captada en el mencionado embalse es tratada correctamente en la planta de potabilización, antes de ser enviada a los depósitos y canalizaciones que la distribuyen hacia los hogares”.