Gobernadores y alcaldes tendrán que adaptarse al socialismo

Los alcaldes y gobernadores deberán adaptar sus planes de gobierno a los principios socialistas establecidos en el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013, una vez que la Asamblea Nacional sancione la ley orgánica de planificación pública.

El proyecto legal, aprobado el miércoles en primera discusión, establece que el Presidente de la República establecerá las medidas y acciones marco para que los poderes locales ejecuten sus políticas públicas en función de ellas.

En el texto que regirá en materia de planificación pública, con 99 artículos, no se hace referencia a la descentralización del poder, y son pocas las funciones que se otorgan a los mandatarios regionales y municipales.

Los gobernadores y alcaldes estarán encargados de supervisar que se cumplan los planes de desarrollo estadal y municipal, respectivamente, más que de desarrollar las políticas públicas y ejecutar proyectos.

El vicepresidente nacional de Acción Democrática, Antonio Ecarri Bolívar, advirtió que la nueva ley establecerá una "recentralización" del poder público nacional. Añadió que el instrumento legal, en conjunto con la Ley del Consejo Federal de Gobierno, aumentará la cuota de poder a cargo del Presidente Hugo Chávez.

"La tendencia que demuestra claramente el Gobierno es eliminar los poderes locales y tener funcionarios designados a dedo para seguir ahogando las gobernaciones y alcaldías", dijo el profesor jubilado de Ciencias Políticas de la Universidad de Carabobo.

En el país hay, aproximadamente, 36.000 consejos comunales. Esta cifra genera dudas en Ecarri Bolívar sobre la posibilidad de que el centralismo logre darle respuesta a los problemas cotidianos de las comunidades organizadas.

"No hay una oficina presidencial capaz de atender los proyectos de todos los consejos comunales. Esta ley de planificación simplemente pretende ejecutar el binomio desfasado caudillo-pueblo", acotó.

En defensa del proyecto. El vicepresidente de la Comisión de Participación, Alfredo Murga, dijo que el objetivo del instrumento legal es arraigar un concepto de descentralización sobre la base de la organización del poder popular.

Negó la presunta inconstitucionalidad del proyecto que, de acuerdo con representantes de los poderes regionales y municipales, pone en jaque la transferencia de competencias del poder central a niveles intermedios.

"Se reclama que se exceden las atribuciones del Presidente pero hay que recordar que el artículo 236 de la Constitución le confiere al Ejecutivo la autoridad de diseñar el plan nacional. El problema es que tenemos concepción de Estado que debe transformarse hacia el Estado comunal", dijo Murga.

El diputado, miembro de la instancia legislativa que redacta la ley, afirma "que las estructuras de gobernaciones y alcaldías se han quedado cortas en su capacidad de darle respuesta a los problemas de sus ciudadanos".

A su juicio, la idea es que las comunidades cuenten directamente con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades, y que "no tengan que esperar a que aparezca el gobernador o el alcalde".

Murga señaló que "la República es una sola y no es posible que los estados Carabobo o Zulia se gobiernen aisladamente y sin responder a un plan nacional marco dictado por el Presidente". El diputado Rafael Delgado explicó que el Ejecutivo destinó 3,25 millardos de bolívares para el garantizar el funcionamiento de los consejos comunales.