Gobierno tolera cada vez menos las protestas sociales

Según el informe presentado por Provea y Espacio Público, el despliegue desproporcionado de efectivos de seguridad para retener las manifestaciones las convierte en violentas. Durante 2009, la mayoría de las protestas fueron desencadenadas por reivindicaciones laborares.

Las reivindicaciones laborales y la demanda por mejoras en los servicios básicos son los principales motivos que esgrimen los venezolanos para marchar. Esto según un monitoreo presentado por las organizaciones de derechos humanos Provea y Espacio Publico, sobre las manifestaciones que se llevaron a cabo en el 2009.

El informe, presentado este jueves en Caracas, señala que de 3.297 manifestaciones pacíficas efectuadas durante ese periodo, unas 477 fueron organizadas en reclamo a mejoras en los servicios de agua potable y electricidad, falta de seguridad ciudadana, escasez de viviendas, mal estado de las calles y carencias en el sistema sanitario.

La cifra en comparación con los números que arrojó el 2008 -1602 protestas- representa un aumento del 105%, lo que significa que esta vía es cada vez más usada para manifestar el descontento social de los ciudadanos, con cada vez más fuerza en las regiones alejadas de la capital.

Zulia, Distrito Capital y Miranda resultaron los estados con mayor número de manifestaciones, mientras que el estado Bolívar ocupa el puesto 7 de la lista.

Marcos Ponce, investigador del derecho a la manifestación pacífica de Provea, destacó -vía telefónica- que la mayoría de los reclamantes optan por salir a la calle luego de agotar todas las vías regulares y visitar las instancias públicas que “se supone” deben brindar respuesta expedita a sus reclamos.

En base a dicha afirmación el aumento de las protestas puede traducirse en un incremento de la “ineficiencia” de las instituciones en manos del Estado, sobre esto Ponce comenta “es evidente que la burocracia ha permeado todos los espacios de la administración publica, parece no haber respuesta a los problemas”.

Derecho a la educación, seguridad ciudadana, justicia y demandas civiles y políticas continúan en la lista de exigencias de quienes se lanzan a las calles en señal de protesta.

El monitoreo apunta que el 97.24% de las protestas son de carácter pacífico, y en los casos en los que las manifestaciones se han tornado violentas la responsabilidad recae sobre los organismos de seguridad.

“El despliegue desproporcionado de efectivos de seguridad se convierte en provocación y desafío a los manifestantes. A su vez, la falta de utilización del diálogo como principal recurso de negociación y control, o como herramienta para controlar provocaciones que pueden ser producidas por parte de algunos manifestantes, son algunas de las causas que alientan la protesta violenta”, reseña el escrito.

Ponce denuncia además la formación de un triángulo de poder entre el Ministerio Público, los jueces de Control y los cuerpos de seguridad del Estado para someter a procedimientos penales a personas que ejercen el derecho a la protesta.

Si bien las manifestaciones se realizaron de manera pacífica, en 2009 ganó terreno una política de criminalización que ha sido denunciada en reiteradas oportunidades por las organizaciones de derechos humanos ante la opinión pública nacional e internacional.

De acuerdo con el informe durante el periodo en estudio se contabilizaron 194 manifestaciones reprimidas, en las que hubo 435 lesionados y en 754 de esas manifestaciones se produjeron detenidos, mientras que nueve manifestantes resultaron asesinados, cuatro por actuación de organismos de seguridad del Estado y tres por acciones violentas ejecutadas por particulares.

Rubén González, directivo sindical de Ferrominera Orinoco, 17 trabajadores de Pdvsa Anaco y la Alcaldía Metropolitana de Caracas y el estudiante universitario Julio César Rivas, a quienes se les dictó orden de encarcelamiento por ejercer su derecho a protestar, han sido víctimas de esta estrategia sancionatoria del poder público.

Este año el panorama no ha variado, irónicamente la semana pasada los defensores de derechos humanos Rober Calzadilla, Rafael Uzcátegui y Marco Antonio Ponce junto a otros 25 trabajadores y sindicalistas de diferentes gremios del estado Aragua fueron detenidos durante una manifestación contra la criminalización de la protesta y en defensa de Rubén González.

Ponce hizo hincapié en la “violación flagrante” del Estado a la Carta Magna que establece en su artículo 68: “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”.

Recomendaciones

El informe sobre manifestaciones en 2009, presentado por Provea y Espacio Publico no se limita a recoger el numero de protestas o los casos de violación de derechos humanos en los que ha incurrido el Estado.

Establece una serie de recomendaciones y exigencias entre las que destacan la optimización de los procesos de reclamo de las comunidades a nivel municipal para atender eficientemente sus necesidades; escuchar, canalizar y dar respuesta efectiva a las demandas de las distintas protestas y establecer responsabilidades penales y administrativas a aquellos funcionarios que incurran en un uso desproporcionado de la fuerza en el contexto de manifestaciones pacíficas.

Además hace énfasis en la necesidad de diseñar y ejecutar una política democrática de control de orden público sustentada en la prohibición del uso de armas de fuego y gases tóxicos en el control de manifestaciones, el uso de la fuerza en caso de ser estrictamente necesario, el trato igualitario a todos los sectores sociales y políticos manifestantes y la adopción de medidas adecuadas garantizar la seguridad a quienes manifiestan.

Mariana Alejandra Ramírez