Guerra semántica para encubrir el fracaso

Mientras la violencia delictiva sigue enseñoreándose del país y la pobreza multiplicando sus rostros por doquier, el presidente Fernando Lugo ha completado su primer año de gobierno. No pudiendo celebrar éxitos de gestión gubernativa, ha aprovechado la oportunidad para enfrascarse en una guerra semántica con los parlamentarios acerca de la génesis de la democracia, enfatizando que en el ordenamiento constitucional de la República la democracia representativa debe ser sustituida por la democracia participativa.

No es difícil entender por qué el Presidente cuestiona tajantemente el sistema de gobierno consagrado en la Constitución Nacional y del que deriva su propia legitimidad como mandatario. Por una parte, las encuestas de opinión pública le han obligado a reconocer que su gobierno hasta ahora no ha cumplido con lo primordial de sus promesas electorales. De cara a ese déficit de gestión, necesita encontrar un chivo expiatorio sobre quien descargar la responsabilidad de su fracaso como gobernante. Explotando el escaso crédito que por su parte tienen los otros dos Poderes del Estado, el Presidente ha aprovechado esta coyuntura para tirarle el fardo al Parlamento, y en cierta medida también al Poder Judicial.

Por otra parte, Fernando Lugo quiere implantar un sistema de gobierno autoritario en el que una minoría organizada prevalezca sobre la mayoría de los ciudadanos. Al parecer, “democracia participativa” es para él la acción, a menudo violenta, de esa minoría que, molestando a todo el país, busca subvertir el orden constitucional de la República para avanzar un proyecto político marxista autoritario de corte “bolivariano”.

Independientemente del criterio de selectividad política que se pueda tener, lo obvio es que la democracia tiene tres ingredientes fundamentales: la libertad, la soberanía popular y la justicia. Más allá de caracterizaciones semánticas, las democracias son sistemas políticos basados en la participación popular, elecciones libres y control institucional entre los Poderes del Estado. En una democracia, el poder no es monopolizado por ningún individuo o poder del Estado, aun cuando un líder nacional invoque un mandato popular, como lo pretende el presidente Fernando Lugo. En este sentido, a menudo saca a relucir su credencial democrática, ufanándose de su legitimidad electoral. Sin embargo, él sabe muy bien que el 20 de abril del 2008 el pueblo no votó mayoritariamente “por” el ex obispo de San Pedro, ni por la Alianza Patriótica para el Cambio, sino “contra” el aborrecido y corrupto régimen colorado. Esto quedó demostrado con el hecho de que la aritmética del caudal de votos para Presidente no se trasladó proporcionalmente a las bancas legislativas, como hubiera sucedido si la preferencia electoral se hubiese centrado en su persona. Por algo sus seguidores quieren someter a referéndum solamente la gestión del Congreso y del Poder Judicial, pero se oponen tenazmente a que también sea enjuiciada la gestión del Ejecutivo.

Bien o mal, en nuestro sistema democrático de gobierno, tanto la libertad como la soberanía popular son principios consagrados en la Constitución Nacional, a través de un sistema legal no sujeto a la arbitrariedad del gobierno, como al parecer lo desea el Presidente. Si este orden institucional “no condice” con su visión sobre la democracia, mal le pese, no tiene otra opción que respetarlo o, en todo caso, arbitrar los mecanismos legales para modificarlo. Lo que en ningún caso le está permitido es atropellar el estado de derecho, por más legítimas que puedan ser las reivindicaciones que enarbola.

Aunque la semántica pueda ser importante en la controversia política, ya resulta más difícil aceptar que ella tenga que ser utilizada por los gobernantes para mentir al pueblo, como lo ha hecho el presidente Lugo al sostener, por ejemplo, que en un año él consiguió la “independencia energética” del país, cuando lo único que hasta ahora ha obtenido es la promesa de un incremento de la compensación ya obtenida con anterioridad por el presidente Nicanor Duarte Frutos por la cesión de energía paraguaya al Brasil en Itaipú. Todo lo demás se reduce a promesas y expresiones de buena voluntad.

¿Habla seriamente el presidente Lugo cuando critica el ordenamiento institucional de la República, o lo hace más como un juego político para desviar la percepción pública del fracaso de su gobierno para producir algún cambio beneficioso para el pueblo? En vez de focalizar su relación con el Congreso a base de una “agenda negativa” centrada en ideologías extrañas a la conciencia cívica del pueblo paraguayo, el Presidente se hubiese empeñado más bien en explotar oportunidades e intereses compartidos para concretar las metas de bien común prometidas al pueblo, como el combate a la inseguridad, la creación de puestos de trabajo y la atención del drama de los miles de campesinos abandonados a su suerte, sin formación rural alguna, sin educación, sin hospitales, sin título de propiedad, sin ayuda crediticia, sin ayuda técnica. Sin nada de nada.

Y no solo eso, sino que encima pretende reemplazar el sistema político prescripto por la Constitución Nacional actual por uno “bolivariano” marxista al estilo de Hugo Chávez.