Las acciones sindicales se pagan caro en Guayana

El silencio del movimiento de los trabajadores atenta contra la visibilidad de la represión a la que están sujetos los dirigentes sindicales en Guayana.

Pero las cifras son más que contundentes: 77 representantes laborales, un expediente abierto, de los cuales 2 secretarios generales enfrentan procesos judiciales.

Sólo en las dos primeras semanas de febrero siete dirigentes sindicales serán procesados luego de ejercer el derecho a la protesta por reivindicaciones contractuales, otros 13 trabajadores los acompañan en el juicio.

Tres dirigentes sindicales de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y dos empleados intentaron entregarle un documento al presidente de la CVG, Rodolfo Sanz, en octubre del año pasado. La acción dio pie a la apertura de una averiguación que condujo al juicio.

Rubén González, secretario general de Sintraferrominera, se somete a un proceso viciado en el que el Poder Judicial no ha sido capaz de pronunciarse sobre un recurso de amparo.

El 11 de febrero, tres sidoristas y 11 trabajadores que laboraron en una contrata en Sidor, afrontarán el juicio que ha sido diferido en más de dos oportunidades, desde que inició en el 2006. Los sidoristas protestaron contra la empresa Transporte Camila por las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo.

Estas semanas podrían ser decisivas para 20 empleados que están culpados de delitos que contemplan -cada uno- entre cuatro a seis años de prisión.

Otros 57 sidoristas tienen expedientes abiertos en la Fiscalía por las protestas que se realizaron en el marco de la discusión del contrato colectivo de Sidor. Un expediente coloca a los trabajadores en manos del Estado, cualquier reincidencia que considere el Ejecutivo podría llevar a cualquiera de estos a iniciar un proceso judicial.

Novedoso método
El mensaje a los empleados que han ejercido real presión sobre el patrón se refleja en los 77 dirigentes con expedientes abiertos, pero sus consecuencias son reveladoras en el espiral del silencio que arropa al movimiento, tradicionalmente combativo y fiel a su clase.

La participación o no en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) hace que se coloque en entredicho -por los mismos trabajadores- el sentido mismo de la protesta aun cuando los argumentos sean los más inherentes a la lucha obrera.

De allí las calificaciones de “guarimbero” a quienes abrazan la protesta para reclamar sus derechos y vociferar críticas al proceso socialista que se intenta implementar en Guayana.

Para el Programa de Derechos Humanos (Provea) este mecanismo de criminalización es “novedoso”. Si bien es cierto que la conducta del Estado frente a los trabajadores nunca ha sido benevolente en la historia, estas nuevas modalidades de represión encienden inéditas alarmas en el espectro de los derechos humanos.

En este universo en donde operan todos los sectores de la sociedad, el menoscabo a las libertades pasa entre líneas cuando se plantea en un esquema de fidelidad a un proyecto político.

El consenso -como herramienta para la construcción de una agenda social- ha sido relegado entre los métodos para arreciar el fortalecimiento del “proyecto bolivariano”.

Los métodos de consenso se rompieron cuando desde un principio se planteó la discusión sólo en el escenario del PSUV, luego, cuando se quiso extender al resto de los trabajadores fue demasiado tarde.

Rafael Uzcátegui, coordinador de investigación de Provea, cuenta que a la organización han llegado reiteradas denuncias de empleados del sector público que no cuentan con la cobertura de los medios de comunicación del Estado.

“Lo que está en juego es la visibilidad de las protestas (...) Eso es parte de la estrategia de criminalización de la protesta, porque al verte en los medios no sólo no te dan respuesta sino que intentan desprestigiarte como guarimbero o más allá con amenazas al puesto de trabajo. Funcionarios públicos que han denunciado, son movidos o despedidos”.

El cuestionamiento constante del Ejecutivo al mundo laboral, a la manera cómo se organizan los trabajadores y a los sindicatos, ha trascendido el verbo en Venezuela.

“Creemos que esta crítica se puede confundir con un cuestionamiento a todo lo que es la libertad de los trabajadores y de los obreros para organizarse en su sitio de trabajo... Digamos que se están utilizando mecanismos novedosos, no estamos asistiendo a una represión tradicional como se hacía en años anteriores, sino que se están usando métodos novedosos (...) Estamos asistiendo al uso de los tribunales y el Ministerio Público para el uso de la criminalización de la protesta”.

Clavel A. Rangel Jiménez