Periodistas denuncian amenazas de Correa

QUITO - Periodistas ecuatorianos denunciaron este martes amenazas a la libertad de expresión por parte del gobierno del presidente Rafael Correa, durante movilizaciones en Quito a cuatro días de un referendo que propone regular los contenidos de los medios y limitar sus inversiones.

Los actos incluyeron una marcha de trabajadores del diario El Comercio de Quito y un mitin organizado por la Unión Nacional de Periodistas (UNP) en el centro moderno, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Varios cientos de comunicadores y manifestantes acudieron para rechazar la “hostilidad” del gobierno y advertir sobre la creación de un consejo de regulación de contenidos, planteado en la consulta, que fijaría criterios de responsabilidad ulterior para periodistas o medios.

“La libertad de expresión está siendo conculcada por el gobierno de Rafael Correa, cada vez quedan menos espacios libres, pues los ha copado como lo han hecho otros gobiernos de América Latina de su línea populista y autoritaria”, dijo Jorge Ortiz, ex presentador del canal Teleamazonas.

Ortiz renunció en agosto pasado a esa estación denunciando “presiones del gobierno”.

“Como periodista desempleado, después de haber tenido el programa líder en opinión, el espacio que me queda por defender es la calle”, agregó durante el mitin de la UNP.

Además de la marcha, El Comercio reemplazó su edición del martes por un ejemplar gratuito sobre la libertad de expresión, que según su director adjunto, Gonzalo Ruiz, “está siendo amenazada”.

El presidente de la UNP, Vicente Ordóñez, alertó a su vez que un consejo de regulación “afín al gobierno” sería un “ente sancionador”. “El objetivo de esto es meter miedo y que haya autocensura”, dijo.

Correa “resolvió convertir a la prensa en su enemigo. Hay una hostilidad injusta”, declaró el director de la revista Vanguardia, Juan Carlos Calderón, a quien el mandatario demandó a fines de febrero por daño moral.

La querella por diez millones de dólares tiene que ver con la publicación de un libro en el que Calderón y su colega Christian Zurita revelaron contratos por unos 170 millones de dólares entre el Estado y Fabricio Correa, hermano mayor del presidente, quien anuló los tratos cuya existencia negó conocer.